La Semana Santa contará con más de 8.200 policías

El dispositivo especial de seguridad para Semana Santa aprobado por la Junta Local de Seguridad, copresidida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Mollar, integrará un total de 8.238 agentes de la Policía Nacional y Local, que, como novedad, incorporará efectivos del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) en las tareas de seguridad y control de la venta ambulante ilícita. Este operativo estará en marcha desde el día 1 al 8 de abril y contará con 4.041 agentes de la Policía Local, dedicados tanto a los recorridos procesionales, el tráfico, los itinerarios y la seguridad como al resto de los servicios ordinarios; así como con 4.197 agentes nacionales que asumirán el control de la seguridad durante los actos y el resto de los servicios ordinarios. Por su parte, el GOA, con seis grupos cada día, cubrirá los distintos sectores en los que se divide el centro de la ciudad, según informaron desde el Ayuntamiento y la Subdelegación. A través de un comunicado, ambas administraciones precisaron que la Policía Local tendrá como competencias la responsabilidad en los itinerarios, en la circulación, en la venta ambulante y en la seguridad ciudadana; y que el despliegue de los agentes de ambos cuerpos se adecuará a las necesidades de cada momento, especialmente en los días y zonas de mayor afluencia de público. Asimismo, la Guardia Civil pondrá en marcha un dispositivo de control de tráfico en los accesos a la ciudad para garantizar la normalidad de la circulación, mientras que Protección Civil contará con 300 voluntarios y un puesto fijo de asistencia de primeros auxilios en la Plaza de la Marina. A ello se suman cuatro vehículos situados en la Tribuna de Los Pobres y en las plazas de La Constitución, Uncibay-Casapalma y de La Marina, así como con cuatro ambulancias.

Los parados con hipotecas bajas podrán evitar el desahucio

El Gobierno ha aprobado un código de buenas prácticas para que la banca pueda frenar los desahucios al aceptar que una familia "en riesgo de exclusión social" salde su hipoteca con la entrega de su vivienda, lo que se conoce como la dación en pago. La vivienda objeto del embargo será la única propiedad del hipotecado y no podrá valer más de 200.000 euros en las ciudades con más de un millón de habitantes; 180.000 euros en las de más de medio millón; 150.000 euros si supera los 100.000 ciudadanos y un límite de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000 habitantes. Además, para considerar que una familia esté en riesgo de exclusión social debe tener todos sus miembros en paro, sin ingresos ni actividad económica y sus cuotas hipotecarias serán superiores al 60% del conjunto de sus ingresos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las condiciones se recogen en un código de buenas prácticas que se incluye en un decreto ley aprobado hoy. Aunque no se cambia la ley, sí tiene efectos retroactivos porque los titulares de hipotecas firmadas en el pasado se benefician de estas novedades si las entidades que concedieron sus préstamos se acogen al código de buen gobierno, que ha sido bien acogido por el sector, según ha asegurado la vicepresidenta. La noticia fue avanzada ayer por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien señaló que "lo que se hará es establecer un periodo transitorio para facilitar y aliviar las cargas de este tipo de familias y posteriormente se podrá aceptar la posibilidad de la dación en pago y también la posibilidad de que aunque haya una dación en pago que salde la deuda, estas familias puedan seguir viviendo en dicha vivienda". Para mmas informacion visiten el siguiente enlace